Sentencias y Resoluciones

INSPECCIÓN Y SANCIÓN. Recurso contra la sanción alegando vicios de la liquidación firme y consentida

Cuando la liquidación ha alcanzado firmeza, por no haberse interpuesto recurso contra ella, no es posible, con motivo de la impugnación de una sanción, volver a cuestionar y analizar la conformidad a derecho de la actuación administrativa previa, máxime cuando el tipo infractor (artículo 201 LGT) no tiene como presupuesto la liquidación que ha devenido firme.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, de 20 de noviembre de 2023 (Recurso nº 1512/2022). Ponente: Isaac Merino Jara.

La cuestión que presentaba interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia fue: [...] "Reafirmar, reforzar o, en su caso, completar o corregir la doctrina contenida en la sentencia de 23 de septiembre de 2020 (Recurso nº 2839/2019) en virtud de la cual frente a un acuerdo sancionador pueden oponerse, administrativa y judicialmente, cualesquiera motivos jurídicos determinantes de su nulidad, no sólo los directamente imputables a tal acto, sino incluidos aquellos que forman parte del presupuesto de hecho de otros actos anteriores, como el de liquidación, que han quedado firmes por no haber sido recurridos por el interesado”.

Es decir, que la cuestión controvertida consiste en determinar si, partiendo de una liquidación que ha alcanzado firmeza, por no haberse interpuesto recurso contra ella, es posible, con motivo de la impugnación de una sanción, volver a cuestionar y analizar la conformidad a derecho de la actuación administrativa previa frente a la que se aquietó la parte recurrente.

En el caso de autos, la resolución administrativa ha adquirido firmeza, lo cual significa que existe un acto valido y lo que se suscita es si este puede volver a ser cuestionado cuando se incorpora como presupuesto de un acto posterior, especialmente cuando se ejerce la potestad sancionadora.

Pues bien, el Tribunal Supremo concluye que la decisión administrativa firme no solo impide su impugnación, salvo por cauces especiales, sino que también impide que su contenido pueda ser cuestionado de nuevo si se incorpora en una resolución administrativa posterior de carácter sancionador, máxime cuando el tipo infractor no tiene como presupuesto ineludible que la liquidación que no fue recurrida forme parte de él.

Considerando que la tutela judicial efectiva, entendida como el derecho de acceso a la jurisdicción para poder plantear sus pretensiones, no se vulnera por el hecho de que no se pueda volver a cuestionar aquello que quedó consentido y firme. La seguridad jurídica igualmente abona esta conclusión del Tribunal Supremo.

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