Sentencias y Resoluciones

Sentencia nº 313 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2019, recurso nº 3107/2017. Ponente: Rafael Toledano Cantero

12 ABRIL. 2019

IIVTNU. Los gastos de urbanización soportados con posterioridad a la adquisición del terreno cuya posterior enajenación determina el hecho imponible, no deben considerarse como un mayor precio de adquisición puesto que se integran en el valor de los terrenos, como elemento del incremento de valor que se refleja en el precio de transmisión. Para desvirtuar la existencia del incremento de valor debe atenderse exclusivamente a los valores de adquisición y transmisión.

La cuestión que presentaba interés casacional fue determinar si, para acreditar la inexistencia de incremento de valor, podía tomarse en consideración los gastos de urbanización soportados por el sujeto pasivo, durante el periodo de permanencia del inmueble en su patrimonio.

De la Sentencia resulta destacable el fundamento de derecho séptimo, cuya parte de su contenido pasamos a transcribir por las posibles implicaciones, más allá de la doctrina sentada:

“La doctrina de la cuestión de interés casacional que ha de ser fijada es que, para calcular la existencia de un incremento o de una disminución del valor de los terrenos en el IIVTNU, a los efectos del artículo 104.1 TRLHL, los gastos de urbanización soportados con posterioridad a la adquisición del terreno cuya posterior enajenación determina el hecho imponible, no deben considerarse como un mayor precio de adquisición puesto que se integran en el valor de los terrenos, como elemento del incremento de valor que se refleja en el precio de transmisión.” (…)

“Los gastos de urbanización asumidos por el sujeto pasivo del IIVTNU con posterioridad a su adquisición, como consecuencia de su participación y cumplimiento de los deberes que le corresponden en el desarrollo del proceso urbanizador de un terreno, no constituyen el precio de adquisición de los terrenos. Desde el punto de vista temporal, hay que notar que son costes que, al menos en el caso sometido al litigio, se producen en un momento posterior al de la adquisición y, por consiguiente, con posterioridad al momento inicial que determina el inicio del periodo de generación del incremento de valor gravado por el impuesto que, como se ha dicho, grava la capacidad económica puesta de manifiesto entre dos momentos temporales, el de adquisición y el de enajenación, computados por años y con un máximo de 20 años.

Los costes de urbanización no integran el precio o valor de adquisición porque se producen en un momento posterior al de la adquisición, y por ello no forman parte del precio o coste de adquisición fijado temporalmente al inicio del periodo de generación de la riqueza potencial gravada.

El IIVTNU es un impuesto directo, de naturaleza real, que grava, no el beneficio económico de una determinada actividad empresarial o económica, ni el incremento de patrimonio puesto de manifiesto con motivo de la transmisión de un elemento patrimonial integrado por suelo de naturaleza urbana, sino la renta potencial puesta de manifiesto en el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto durante el periodo de permanencia del bien en el patrimonio del transmitente, con un máximo de 20 años.

Ciertamente, cabe acreditar por cualquier medio de prueba admitido en derecho que dicha situación de riqueza potencial es inexistente, pero ello habrá de ser en el marco de los hechos de los actos de relevancia jurídica que enmarcan temporalmente el periodo de generación de esa riqueza potencial, esto es, adquisición y enajenación, y no por gastos, costes, inversiones o mejoras producidas sobre el bien en momentos diferentes.

Por ello, las referencias interpretativas a las normas que regulan el tratamiento de los incrementos de patrimonio en la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o el beneficio económico de determinada actividad en el Impuesto de Sociedades, resultan por completo ajenos a la manifestación de capacidad económica que resulta gravada en el IIVTNU”.(…)

“En consecuencia, es obligado atender, a los efectos de desvirtuar la existencia de tal incremento de valor, a la comparación, exclusivamente, de los valores de adquisición y transmisión. Ciertamente podrán hacerse uso de los medios de prueba que pongan de manifiesto que no ha existido tal incremento de valor, pero para ello ha de atenderse a la diferencia entre el precio de adquisición, referido al inicio del periodo de generación del incremento de valor, y al momento final que viene dado por el del devengo, esto es, el de la transmisión o en su caso de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos”.

Por tanto, el Tribunal Supremo viene a refrendar que el único criterio a tener en cuenta para desvirtuar la existencia del incremento de valor es la comparación entre el valor de adquisición (hito inicial del periodo generacional del impuesto) y el valor de transmisión (hito final del periodo generacional) del terreno urbano, haciendo uso de cualquier medio de prueba admitido en derecho.

ACCEDE A LA SENTENCIA

Más publicaciones de Sentencias y Resoluciones

Sentencias y Resoluciones

IBI. Discrepancia entre el titular catastral y el titular registral ¿Qué prevalece?

16 ABRIL. 2024

Prevalece el dato de titularidad del Registro de la Propiedad, siempre que conste la referencia catastral, salvo que el dato de Catastro se encuentre más actualizado, es decir, cuando el documento incorporado a Catastro sea posterior al título inscrito en el Registro. Si existe convenio de delegación, la acreditación de la discrepancia comportará la nulidad de la liquidación del IBI. Si no existe convenio de delegación. De no existir tal convenio de delegación, la liquidación practicada por el Ayuntamiento tendrá carácter provisional. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, de 21 de marzo de 2024 (Recurso nº 8462/2022). Ponente: Dimitry Teodoro Berberoff Ayuda.

Sentencia nº 313 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2019, recurso nº 3107/2017. Ponente: Rafael Toledano Cantero

Más publicaciones de Sentencias y Resoluciones

IBI. Discrepancia entre el titular catastral y el titular registral ¿Qué prevalece?

APREMIO. Prohibición de disponer y el embargo de acciones o participaciones sociales del deudor persona física

INSPECCIÓN. Efectos de la vinculación de la liquidación y la sanción tributaria

IBI e IIVTNU. Calificación catastral de un terreno como urbano cuando no se ajusta a la realidad

SANCIONES TRIBUTARIAS. Competencia para acordar el inicio del procedimiento y encomendar su instrucción

APREMIO. Embargo de cuentas en las que no se ingresa directamente el salario de la deudora

IIVTNU. Recurso contencioso interpuesto un día después del dictamen de la STC 182/2021

IIVTNU. Efectos de la STC 182/2021 en caso de desestimación presunta del recurso de reposición

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. El TS declara la responsabilidad patrimonial del Estado legislador en un supuesto de transmisión a pérdidas

SANCIONADOR. Alegaciones sobre la nulidad de la liquidación que constituye la base de la sanción tributaria impuesta

SUSPENSIÓN. Bienes ofrecidos en garantía con cargas hipotecarias

APREMIO. Responsabilidad subsidiaria por afección de bienes para el pago del IBI

APREMIO. Recaudación de las cuotas urbanísticas en caso de subrogación por adquisición de las fincas afectas a su pago

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Contribuyente que actúa a través de su representante

SUSPENSIÓN. Reiteración de la solicitud de suspensión en segunda instancia

IIVTNU. Cambio de criterio jurisprudencial en materia de plusvalías, nulidad de las liquidaciones firmes

Apúntate a nuestro newsletter