Sentencias y Resoluciones

BENEFICIOS FISCALES. Exención de los bienes inmuebles de titularidad estatal afectos a la defensa nacional.

A vueltas con el caso NAVANTIA. Se reconoce el derecho a la exención puesto que se trata de un beneficio fiscal objetivo, de modo que, aunque la entidad pública sea la concesionaria, el Estado sigue siendo el propietario del bien y la afección a la defensa nacional no se cuestiona. El reconocimiento debe otorgarse independientemente de la personificación y título jurídico por el que se disfruta del bien inmueble. La prelación de los derechos establecidos en el artículo 61 TRLRHL solo se da a efectos de determinar el sujeto pasivo del impuesto.  Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2020, Recurso nº 2241/2019. Ponente: Angel Aguallo Avilés.

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PRESCRIPCIÓN. La importancia de elegir bien el procedimiento a seguir. ¿Verificación de datos versus Comprobación limitada?

La tramitación de un procedimiento de verificación de datos cuando debió de realizarse a través de un procedimiento de comprobación limitada,  implica la nulidad de las liquidaciones derivadas del procedimiento de verificación y que las actuaciones no tengan virtualidad interruptiva de la prescripción del derecho a liquidar. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2020, Recurso nº 3260/2018. Ponente: Jesús Cudero Blas.

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INSPECCIÓN. El Plan de Inspección sólo determina la selección de contribuyentes, no la extensión de las actuaciones inspectoras.

El alcance de las actuaciones inspectoras se determinará por la Inspección, sin que constituya una causa de nulidad si las actuaciones exceden de la extensión prevista en el Plan de Inspección. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 23 de julio de 2020. Recurso 2188/2018. Ponente: Isaac Merino Jara.

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SUSPENSIÓN. Los entes locales están dispensados de prestar garantía para suspender la deuda en las reclamaciones que presenten.

Las Administraciones, en las reclamaciones económico administrativas que interpongan en su condición de contribuyentes, pueden solicitar la suspensión de la ejecución de la deuda sin necesidad de prestar garantía, puesto que su solvencia se presume, decretándose automáticamente una vez solicitada, sin necesidad de analizar si de la ejecución pudieran derivarse perjuicios de difícil o imposible reparación. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 23 de julio de 2020. Recurso 2944/2017. Ponente: Isaac Merino Jara.

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INSPECCIÓN. El plazo para iniciar un nuevo procedimiento de inspección será el de prescripción de 4 años.

El TEAC determina que, anulado el acto administrativo impugnado por una Resolución estimatoria de las pretensiones del recurrente, la Administración podrá iniciar de nuevo un procedimiento de inspección, en el plazo de 4 años (no siendo aplicable el plazo del artículo 150.5 de la LGT reservado para supuestos de retroacción o ejecución). Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central nº 00/06361/2017/00/00 de 22 de julio de 2020.

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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. La Administración puede iniciar el procedimiento sancionador sin esperar a notificar la liquidación derivada del Acta de inspección.

El inicio del procedimiento sancionador antes de notificar el acto de liquidación no vulnera los derechos del contribuyente. La normativa de aplicación no indica que el procedimiento sancionador deba iniciarse tras la notificación de la liquidación tributaria. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 23 de julio de 2020. Recurso 1993/2019. Ponente: Angel Aguallo Avilés.

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IAE. Correos tendrá que tributar por las actividades ejercidas en el marco del convenio suscrito con la entidad bancaria DEUTSCHE BANK.

Correos debe darse de alta en el epígrafe 831.9, puesto que dentro de la residualidad de los epígrafes cuestionados, es el epígrafe que más se asemeja a la actividad realizada (servicios financieros) El TS se decanta por el epígrafe 831.9 frente al 849.9 sostenido por la Entidad Estatal. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 9 de julio de 2020. Recurso 4068/2017. Ponente: María de la Esperanza Cordoba Castroverde.

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IMPUGNACIÓN INDIRECTA ORDENANZAS ¿Cabe alegar la omisión o insuficiencia de los informes técnico-económicos en la impugnación indirecta de una Ordenanza?

El TS admite las siguientes cuestiones de interés casacional: Si con ocasión de la impugnación de una liquidación de una Tasa de Basuras ¿puede impugnarse indirectamente la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa alegando la falta o insuficiencia del informe técnico económico que la soporta? ¿Se trata de un vicio sustantivo que afecta a un elemento esencial del tributo o de un vicio formal? Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 23 de julio de 2020. Rec. 6212/2019. Ponente: Dimitry Teodoro Berberoff Ayuda.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 28 de mayo de 2020. Recurso 5751/2017. Ponente: Francisco José Navarro Sanchis.

SUSPENSIÓN. Principio de buena administración. No procede dictar la providencia de apremio si,  tras haber transcurrido el plazo para resolver el recurso de reposición, éste no se ha resuelto, aunque el contribuyente no hubiera solicitado la suspensión del acto en la interposición del recurso. Los actos presuntos (por silencio administrativo) no constituyen un acto administrativo sino que son una ficción jurídica para evitar la indefensión del contribuyente ante la inactividad de la Administración. La Administración debió cumplir con su obligación de resolver el recurso de reposición interpuesto antes de iniciar la vía de apremio.

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Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2020, Recurso nº 4325/2017. Ponente: Isaac Merino Jara

ICIO. LIQUIDACIÓN DEFINITIVA. El inicio del cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración a comprobar la base imponible del impuesto debe situarse en el momento de finalizarse la obra, construcción o instalación aunque la Administración sea conocedora en un momento posterior de la finalización de la obra.

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 24 de junio de 2020. Recurso 6043/2017. Ponente: Francisco José Navarro Sanchis.

ICIO. BENEFICIOS FISCALES. Exención del artículo 100.2 TRLHL en relación a unas obras hidráulicas cuya titularidad corresponde a una Administración Territorial. Distinción entre la expresión “dueño de la obra” a efectos de determinación del sujeto pasivo y a efectos de gozar de la exención. Lo trascendente para su concesión es que el bien sea de dominio público y que el servicio público se preste a través de un ente público instrumental, perteneciente a una Administración Institucional.

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Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central nº 00/02653/2019/00/00 de 8 de junio de 2020.

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. Procede el archivo sin más trámite de la solicitud de un aplazamiento o fraccionamiento, cuando el interesado no atiende al requerimiento de datos solicitados por la Administración, bien porque no atiende el requerimiento en plazo o la contestación se refiera a otros aspectos no requeridos.

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Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 2 de julio de 2020. Rec. 714/2020. Ponente: Dimitry Teodoro Berberoff Ayuda.

ICIO. Devolución de ingresos indebidos o devolución derivada de la normativa del tributo ¿A partir de qué momento debe reputarse como indebido el ingreso de la liquidación provisional del impuesto cuando las obras no se han ejecutado? Desde cuándo se computan los intereses de demora, desde el ingreso o desde que se insta la devolución?

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Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2020, Recurso nº 4950/2017. Ponente: Isaac Merino Jara

BENEFICIOS FISCALES. La exención del IBI para las entidades sin fines lucrativos se aplica directamente puesto que la comunicación al Ayuntamiento de la opción del régimen fiscal especial tiene carácter declarativo. El Ayuntamiento no tiene competencia ni para la concesión ni para la denegación de la exención. En el caso del IAE, la exención sí tiene carácter rogado.

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Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2020, Recurso nº 298/2018. Ponente: Jose Díaz Delgado.

 RECAUDACIÓN EJECUTIVA. Cabe recurso de reposición contra el acto de valoración de los bienes inmuebles en el marco del procedimiento de apremio puesto que no se trata de un mero acto de trámite.

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Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2020, Recurso nº 3412/2017. Ponente: Maria De La Esperanza Córdoba Castroverde.

IAE. Anulada la liquidación de IAE por Sentencia Judicial, la Administración puede compensar de oficio la liquidación ingresada con la nueva liquidación girada durante el periodo voluntario, devolviendo al interesado las cantidades correspondientes sin necesidad de que la nueva liquidación sea firme.

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Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2020, Recurso nº 1479/2018. Ponente: Angel Aguallo Avilés.

IBI. Exención de bienes inmuebles de titularidad del Estado afectos directamente a servicios educativos. Es necesario que la afección sea directa y guarden una relación directa con tales servicios educativos. Las actividades culturales no constituyen actividades directamente relacionadas con la educación. Los inmuebles deben “estar integrados en el sistema público educativo y constituir la educación su actividad esencial o principal”.

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Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2020, Recurso nº 3138/2017. Ponente: Ángel Aguallo Avilés

IBI. EXENCIÓN de los bienes,  propiedad del Estado, afectos a la defensa nacional. Las Residencias Militares de Acción Social y de Descanso tienen derecho a la exención prevista en el artículo 62.1.a) TRLHL, aunque ocasionalmente se utilicen para otros fines.

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