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Representación y apoderamiento (presencial y electrónico) en el procedimiento administrativo.

El autor analiza el régimen general de la representación y el apoderamiento en el procedimiento administrativo común y expone la problemática derivada de la representación y apoderamiento por medios electrónicos, ofreciendo algunas pautas para su solución.

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¿Cuándo se debe iniciar un procedimiento sancionador tributario dimanante de una inspección?

El autor hace un análisis crítico de la práctica administrativa consistente en notificar a la vez las propuestas de liquidación contenidas en las actas de inspección y los acuerdos de incoación de expedientes sancionadores, cuestión que ha llegado hasta el Supremo.

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Impuestos y derecho a la propiedad: la carga fiscal excesiva es inconstitucional

El autor analiza el auto del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2019 por el que se planteó la cuestión de inconstitucionalidad sobre las plusvalías, anticipándose a la Sentencia del Tribunal Constitucional.

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El agotamiento de la vía judicial previa en la jurisdicción contencioso-administrativa: casación y/o nulidad de actuaciones.

En este trabajo se aborda la problemática que surge en la jurisdicción contencioso-administrativa ante la necesidad de agotar la vía judicial previa a la interposición del amparo, como consecuencia de la actual configuración del recurso de casación contencioso-administrativo. La falta de generalización del recurso de apelación en esta jurisdicción impide corregir aplicaciones erróneas de la norma o la existencia de vicios procesales que escapan al control casacional. Para paliar la situación se plantea como posible alternativa la implantación de la cuestión prejudicial de derecho interno con el fin de garantizar los principios de seguridad jurídica e igualdad.

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El plot twist del Abogado General. Los Tribunales Económico-administrativos dejarán de ser jueces de lo comunitario.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que los Tribunales Económico-Administrativos no tienen legitimación para elevar cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Luxemburgo, puesto que no tienen la condición de órganos jurisdiccionales en los términos que exige el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

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La afección de bienes al pago de las deudas tributarias

  El texto es parte de la ponencia impartida en la Sección de Derecho Financiero y Tributario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España el 8 de mayo de 2019, en el que se analiza la naturaleza de la afección de bienes.

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Sobre los beneficios fiscales en los tributos locales. Una mirada desde la Economía.

El trabajo expone una magnífica reflexión acerca de si los beneficios fiscales que actualmente se aplican a los tributos locales, están cumpliendo la verdadera finalidad de servir como instrumentos de política económica y social, teniendo en cuenta que el sistema tributario local está basado en hechos imponibles de naturaleza real y que no tienen en cuenta la circunstancias personales de los obligados al pago.

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La Colaboración público-privada como vector de innovación: casos de éxito en España

Este artículo analiza, en el contexto institucional español, tres casos de éxito de colaboración público-privada formalizada que muestran que este tipo de colaboraciones son un claro vector de innovación ante los enormes retos que las Administraciones Públicas deben afrontar en las próximas décadas.

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¿Por qué nos resistimos a apremiar a otras Administraciones Públicas?

Las deudas de las entidades de derecho público no pueden dejar de apremiarse apelando a la inembargabilidad de sus bienes, pues el privilegio de la inembargabilidad solo alcanza a los bienes de dominio público y los patrimoniales afectos a un uso o servicio público.

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Algunas cuestiones tributarias en los concursos de acreedores (sexta edición).

El trabajo, sin poder abarcar todos los aspectos tributarios que el concurso de acreedores genera, trata de exponer algunas cuestiones significativas en la normativa y los procedimientos tributarios.

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Elementos de la cuota del impuesto sobre actividades económicas. Exacción y distribución de las cuotas

En este estudio se analizan los componentes de la cuota tributaria del Impuesto sobre Actividades Económicas, así como la exacción y reparto de las cuotas entre las distintas entidades locales afectadas.

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Criterios de imposición de costas en nuestros tribunales de lo contencioso-administrativo

El autor trata la siempre polémica imposición de las costas en la jurisdicción contencioso administrativo recopilando distintos acuerdos sobre la unificación de criterios en la materia.

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El recargo en el Impuesto sobre bienes inmuebles por la desocupación con carácter permanente de los inmuebles de uso residencial: una regulación inacabada y las múltiples soluciones posibles.

Análisis del recargo en el IBI de los inmuebles desocupados con una referencia a las distintas normativas de las CCAA en la materia, tras la publicación del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

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Se desestima el recurso de inconstitucionalidad sobre las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario

Análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de mayo de 2019 que avala la posibilidad de que se prevea un régimen jurídico y financiero que difiera según que el servicio público se preste directamente por la administración o bien mediante personificación privada o mediante modalidades propias de gestión indirecta.

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La e-Justicia contencioso – administrativa después de la Instrucción 1/2018 del CGPJ

Análisis de las consecuencias jurídicas de la reforma del artículo 230 de la LOPJ y de la promulgación de la Instrucción 1/2018 del CGPJ, producidas en diciembre de 2018 en el marco de la e-Justicia en la Jurisdicción contencioso administrativa.

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Los escritos de preparación e interposición del recurso de casación: requisitos y consecuencias jurídicas de su inobservancia

El objeto del presente trabajo es tratar de poner sobre la mesa una de las cuestiones que, junto al interés casacional objetivo, posiblemente, mayores polémicas ha suscitado en la nueva regulación del recurso de casación en el orden contencioso-administrativo. Las cuestiones formales de los escritos procesales del referido recurso incorporadas con la modificación de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la Ley Orgánica 7/2015, así como el ulterior Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en el que se regula la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidas al recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de aquéllos a la luz de los primeros autos y sentencias, requieren una detenida reflexión […]

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La minusvalía en el IIVTNU. Cuestiones pendientes sobre su determinación y prueba.

El Tribunal Supremo, siguiendo el pronunciamiento de julio de 2018 dictado en materia de prueba, va solventando los grandes dilemas que plantea la interpretación de la doctrina del TC sobre la declaración de inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. En los fallos más recientes, se interpreta que los gastos de urbanización no podrán formar parte del valor de adquisición, que no cabe ninguna otra interpretación de la norma que regula la base imponible del tributo, así como que no puede exigirse a la Administración que acredite que se ha producido el hecho imponible si el contribuyente no ha demostrado mínimamente que tal presupuesto no ha tenido lugar, dado que la normativa continúa incluyendo una presunción que debe considerarse como iuris tantum de realización del hecho imponible.

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La potestad normativa de las entidades locales durante el periodo de «administración ordinaria» tras la celebración de las elecciones municipales.

Los gobiernos locales que cesen tras las próximas elecciones, y se mantengan en funciones hasta que se constituyan los nuevos órganos con los concejales electos, deben principalmente velar por su correcta sustitución y ejercer mientras tanto, salvo que razones de urgencia debidamente justificadas exijan otra cosa, meras labores de administración ordinaria que no condicionen las orientaciones de quienes los sustituyan. Este límite afecta, desde luego, a la potestad reglamentaria, que no puede ser ejercida por un gobierno local en funciones; menos aún cuando se trate de regular, por medio de ordenanzas locales, materias sometidas a reserva de ley.

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