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Dos manifestaciones de la seguridad jurídica: prescripción y vinculación a los actos propios.

Análisis de las implicaciones del principio de seguridad jurídica con especial referencia a la prescripción y vinculación a los actos propios.

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La potestativa bonificación de la cuota íntegra del IIVTNU derivada de la adquisición mortis causa de derechos sobre la vivienda habitual del causante.

Análisis de la bonificación potestativa por adquisición, mortis causa, de derechos reales sobre el inmueble que haya constituido la vivienda habitual del finado.

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Situación actual del Impuesto sobre Plusvalía.

El Magistrado José Fenellós Puigcerver realiza un análisis exhaustivo de la situación actual del impuesto.

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La preclusividad en el procedimiento de comprobación limitada.

Este trabajo analiza la preclusividad en el procedimiento de comprobación limitada. Para ello se estudia su presupuesto de hecho y sus consecuencias. Además, se ponen de manifiesto algunos problemas que no han sido resueltos por los recientes cambios normativos y se aportan soluciones alternativas. Secundino Ávila Guzmán. Inspector de Hacienda del Estado. Agencia Estatal de Administración Tributaria. CRÓNICA TRIBUTARIA, num. 167/2018.

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Blockchain, o la revolución del documento inteligente.

Durante siglos el documento en papel ha sido plano, sin más elementos que la información plasmada en ese papel. Con la administración electrónica este aspecto cambia, porque los metadatos dotan al documento electrónico de información diferenciada de ese contenido, simplemente contextualizándolo. Sin embargo con la tecnología blockchain damos la bienvenida al documento inteligente, con instrucciones autoejecutables y condicionadas entre sí. Es otra dimensión, altamente disruptiva y que introducirá profundos cambios en todos los órdenes. Gerardo Bustos. Subdirector general del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. LegalToday.

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La determinación de la base imponible en el IIVTNU y los límites de la capacidad económica: comentario a la sentencia del tribunal constitucional 59/2017, de 11 de mayo de 2017 (pleno). Cuestión de inconstitucionalidad en relación con diversos preceptos del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El presente estudio aborda la cuestión de inconstitucionalidad planteada sobre la forma de determinación de la base imponible en el IIVTNU y su conflicto con el principio de capacidad económica que debe estar presente en el establecimiento de los tributos. El Tribunal Constitucional declara que los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLHL son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

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La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, STC 55/2018, de 24 de mayo de 2018.

La STC 55/2018, parcialmente estimatoria del recurso de inconstitucionalidad de la Generalidad de Cataluña contra la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), sienta interesante doctrina sobre los límites de la competencia estatal para regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común.

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El embargo de datáfonos.

En los últimos meses se han producido distintas resoluciones y sentencias mediando en la controversia que Administración y Entidades Bancarias están teniendo por la novedosa práctica del embargo que las primeras practican sobre los derechos derivados de un contrato de terminales de pago, suscrito entre el deudor y una entidad financiera.

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Cuestiones novedosas en materia fiscal sobre las que girará la próxima jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Se analizan en el presente trabajo una serie de resoluciones judiciales de la Sección de admisión del Tribunal Supremo en la que se acuerda la admisión de algunos recursos de casación, en este caso, en materia fiscal y, esencialmente, en materia de procedimientos tributarios. Realmente se trata de cuestiones que se vienen planteando a lo largo de los últimos años en relación, precisamente, con las características y las peculiaridades de los procedimientos tributarios.

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10 reflexiones sobre el retraso de la administración electrónica.

La entrada en vigor de algunos preceptos de las leyes de procedimiento administrativo y de régimen jurídico se ha prorrogado hasta 2020. Para unos este aplazamiento es una desgracia. Para otros el reconocimiento de una realidad. Apostemos por valorar la conveniencia de convertir el retraso en una oportunidad para hacer las cosas bien y llegar a 2020 en las mejores condiciones para un arranque íntegro de la administración electrónica.

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Los recursos administrativos manifiestamente inútiles (STS 815/2018, de 21-05-2018)

Se analiza la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2018 que estima el recurso de casación interpuesto por la contribuyente contra la sentencia del TSJ Extremadura, que declaró inadmisible el procedimiento ordinario al no haber agotado la interesada la vía administrativa previa. Si bien esta sentencia se refiere al recurso de reposición preceptivo de los entes locales en materias económico-tributarias, su doctrina y criterio resultan perfectamente aplicables a todo supuesto de impugnación de acto administrativo, de cualquier materia y ante cualquiera administración, ya sea recurso de alzada o ya reclamación económico-administrativa, cuando el único fundamento sea la inconstitucionalidad de la norma que ampara dicho acto administrativo.

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La gestión del documento electrónico es la historia de un gran reto.

"El libro “La gestión del documento electrónico” es la historia de un gran reto en doble sentido. Lo ha sido para mí y para los 30 autores que hemos construido esta obra de cabecera durante más de un año. Pero es sobre todo un gran reto para la sociedad, que sólo con una perfecta gestión del documento electrónico logrará la transformación digital en la que estamos embarcados. El libro quiere ser tu mejor ayuda, la herramienta imprescindible en la construcción de ese proceso", Gerardo Bustos.

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El Tribunal Supremo tilda de «desatinada» la «tesis maximalista» en relación con el IIVTNU.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en Sentencia del pasado 9 de julio, ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el 27 de septiembre de 2017 al estimar que este interpretó de manera correcta el ordenamiento jurídico al considerar que la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite no acceder a la rectificación de las autoliquidaciones del IIVTNU y, por tanto, a la devolución de los ingresos efectuados por dicho concepto, en aquellos casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, supuestos en los que los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLRHL resultan constitucionales y, por consiguiente, los ingresos, debidos. Beatriz MORENO SERRANO. Interventora-Tesorera de Administración Local, categoría superior. Doctora en Derecho. El Consultor de los Ayuntamientos, 11 de Julio de 2018, Editorial Wolters Kluwer

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El oráculo se ha pronunciado, la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 170.1 y 107 2 a) es parcial y la carga de la prueba corresponde al contribuyente

El Tribunal Supremo declara que el alcance de la nulidad del artículo 107 es parcial, por lo que no procede la rectificación de autoliquidaciones y la consiguiente devolución de los ingresos indebidos en los casos en los que el sujeto pasivo no acredite, aunque sea indiciariamente, el decremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

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Entrada en vigor del nuevo Reglamento de Control Interno en las Entidades Locales

El nuevo RCI cumple con la doble función de desarrollar las previsiones incorporadas en el TRLRHL, a raíz de la promulgación de la LRSAL y, a su vez, una función que tiene una proyección innovadora, y que busca incorporar reglas, técnicas y procedimientos de auditoría que se traduzcan en mejoras sustanciales en el ejercicio del control interno en las Entidades Locales.

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Y el próximo 2 de octubre, ¿qué?

El 2 de octubre de 2018 entran en vigor los últimos preceptos aplazados de las leyes de procedimiento administrativo y de régimen jurídico. El plazo ha generado cierta confusión, creando la errónea idea extendida de que son las leyes las que entran en vigor el próximo octubre. Realmente la las leyes de procedimiento administrativo y de régimen jurídico ya entraron en vigor en octubre de 2016. Gerardo BUSTOS. Subdirector general de Información, Documentación y Publicaciones en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. LEGALTODAY.

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Las notificaciones en materia tributaria.

Los actos dictados por la Administración tributaria, como todos los actos administrativos, necesitan ser notificados para que resulten eficaces y, en consecuencia, puedan ser válidamente exigidos por aquélla. La notificación se define, así, siguiendo la doctrina reiterada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2.ª) del Tribunal Supremo, como aquella comunicación formal del acto administrativo, de la que se hace depender la eficacia de éste, pero en ningún caso su validez [cfr., entre otras, sentencias de 28 de junio de 2012 (casación 564/2010), FJ 4.º, y 10 de enero de 2008 (casación 3466/2002), FJ 4.º)]. Las notificaciones en materia tributaria. M.ª Luisa LÓPEZ-YUSTE PADIAL. Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

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La aplicación del Reglamento (UE) de Protección de Datos en la Administración Pública: especial referencia a los entes locales.

La finalidad del presente trabajo es ofrecer a los operadores de las Administraciones Públicas (y especialmente a los que trabajen en el mundo local), tanto políticos como empleados públicos, un documento en el que se sintetizan cuáles son las novedades más importantes del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Rafael Jiménez Asensio es Consultor Institucional y Catedrático de Universidad acr. en la Universidad Pompeu Fabra.

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