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INSPECCIÓN. Propuestas para luchar contra el fraude fiscal

La Asociación profesional de inspectores de Hacienda del Estado proponen distintas medidas para luchar contra el fraude fiscal, como la utilización de una Base de Datos Integral para el Sector Público, la reducción o eliminación de los pagos en efectivo, la incentivación del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias antes de iniciar la correspondiente comprobación tributaria, mejorar el lenguaje administrativo, obligar a inscribir en el Registro de la Propiedad cualquier cambio de titularidad, entre otras.

De las propuestas formuladas destacan aquellas que tienen una vertiente procedimental o de relación con otras Administraciones:

1.- En materia de economía sumergida y fraude fiscal:

- Utilizar una Base de Datos Integral para el Sector Público, incrementando la información de trascendencia tributaria que ya tiene la AEAT.

- Reducir o eliminar de los pagos en efectivo

- Promover el cumplimiento voluntario de los ciudadanos, antes de iniciar actuaciones de comprobación, que permitan “invitar” a ciertos contribuyentes a regularizar voluntariamente posibles incumplimientos detectados, con el incentivo que conlleva el ahorro de sanciones e intereses para el contribuyente, y el consecuente ahorro en costes de gestión para la Agencia Tributaria.

- Mejorar el lenguaje administrativo con una redacción más sencilla y entendible, especialmente, cuando van dirigidos a personas físicas.

2.- En materia de procedimiento de inspección y sancionador:

- Obligar a las empresas a designar los lugares de conservación de determinada información con trascendencia tributaria, tax room, que han de ser de libre acceso a la Administración Tributaria: contabilidad, facturas, justificación de operaciones vinculadas, justificantes de deducciones y bonificaciones fiscales…

- Reformar la normativa de autorización de las entradas en domicilio fiscal, cuyos términos han quedado muy limitados para la Administración tributaria a raíz de las recientes sentencias del TS de 1 de octubre de 2020 (recurso 2966/2019) y de 23 de septiembre de 2021 (recurso 2672/2020).

- Instaurar una especie de “muerte civil” para casos extremos de fraude, que se conseguiría con la revocación del NIF, lo cual tendría entre otras consecuencias, la imposibilidad de expedir facturas, la imposibilidad de contratación con la Administración, y de obtener subvenciones o ayudas pública, entre otras.

- Posibilitar que la Inspección realice actuaciones de obtención de información sin tener que identificarse, para un acercamiento a la realidad más eficaz y menos tergiversado por la ocultación de pruebas y documentación.

3.- En materia de recaudación:

-Medidas para evitar que los aplazamientos y fraccionamientos del pago sirvan para diferir pagos o para eludir el deber legal de declararse en concurso de acreedores ante situaciones estructurales de insolvencia.

-Limitar el uso abusivo de la suspensión.

- Castigar las conductas de quienes demoran o incumplen la obligación de solicitar el concurso de acreedores ante situaciones de insolvencia estructural, de cara a adelantar estas situaciones, facilitando los convenios y la recuperación de deuda de los acreedores.

4.- En materia de relaciones con otras Administraciones:

-Unificar los datos de identificación de fincas y titulares en Catastro y Registro de la Propiedad.

-Obligar a la inscripción registral de todas las operaciones que supongan la alteración de la titularidad o características de los bienes inmuebles, normalmente recogidas en escritura pública, para evitar maniobras de ocultación.

- Integración de la gestión recaudatoria de toda la Administración del Estado en un único órgano de recaudación.

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