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Sentencias y Resoluciones
DISCAPACIDAD. Análisis del requisito del empadronamiento para solicitar una zona reservada de aparcamiento en favor de personas con movilidad reducida
El Ayuntamiento no puede ampararse en la autonomía local para incluir, vía Ordenanza, un requisito de empadronamiento en el municipio del lugar de trabajo (distinto del lugar de residencia) por contravenir la finalidad del marco normativo de eliminar o mitigar las dificultades con los que se encuentran las personas con discapacidad que presentan movilidad reducida. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo, de 4 de junio de 2025 (Recurso nº 4312/2024). Ponente: María del Pilar Teso Gamella. La cuestión admitida por ostentar interés casacional objetivo fue; "(...) si el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, permite que la normativa local exija para la obtención de reserva de aparcamiento que el solicitante esté domiciliado en la localidad, no siendo suficiente que su lugar de trabajo se encuentre en el citado municipio". En el caso de autos, la Ordenanza municipal exige la residencia o empadronamiento en la ciudad donde tiene su puesto de trabajo para obtener la autorización para la reserva de plazas de aparcamiento para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida. En el supuesto de hecho resulta que la persona interesada reside en un municipio limítrofe y trabaja en otro municipio que es donde solicita la reserva de la plaza de aparcamiento de carácter nominal y donde la Ordenanza indica que debe estar empadronado en dicho municipio para gozar de dicha reserva. Para contestar a esta cuestión el TS recuerda que el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, tiene por objeto el establecimiento, desde el más absoluto respeto a las competencias autonómicas y municipales, de unas condiciones básicas que garanticen la igualdad en todo el territorio para la utilización de la tarjeta de estacionamiento, con una regulación que garantice la seguridad jurídica de cualquier ciudadano con discapacidad que presenta movilidad reducida. Específicamente, en el artículo 7 al regular los derechos de los titulares y limitaciones de uso, se refiere a los titulares de la tarjeta de estacionamiento que tendrán "los siguientes derechos en todo el territorio nacional siempre y cuando exhiban de forma visible la tarjeta en el interior del vehículo: a) de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud a la administración correspondiente y justificación de la necesidad de acuerdo con las condiciones que establezcan las administraciones autonómica o local, en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo. La plaza deberá señalizarse con el símbolo internacional de accesibilidad" El TS concluye que las competencias municipales se ejercen dentro del término municipal, según señala el artículo 12 de la Ley de Bases de Régimen Local, pero no únicamente para los que están empadronados en el municipio, sino también para las personas con discapacidad y movilidad reducida que tienen allí su puesto de trabajo, y que no pierden tal condición por residir en un municipio limítrofe. Sin que la prestación de los servicios municipales ni la autonomía local puedan avalar la tesis contraria. Del mismo modo que, aunque la concesión de la autorización tenga un carácter reglado, los requisitos establecidos deben ser acordes con la norma de cobertura, que garantiza una interpretación que no resulte incompatible con su contenido. Esta interpretación del TS es la que resulta conforme a la efectividad de los derechos del Título I a los que se refiere el artículo 49 de la CE, en relación con las personas con discapacidad, pues el marco normativo no tiene otra finalidad que eliminar o mitigar las dificultades con los que se encuentran las personas con discapacidad que presentan movilidad reducida. Por tanto, el TS estima el recurso de casación declarando la nulidad de la denegación municipal de la reserva de estacionamiento.
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IAE. Instalaciones afectas a la actividad industrial con funciones excluidas por la Regla 14.1.A).
El TEAC se pronuncia sobre el cómputo de la potencia instalada en los casos en los que el elemento que emplea la potencia está afecto al proceso productivo, con independencia de que ejerza una de las funciones excluidas por la Regla 14.1.A), analizando los supuestos de elementos de naturaleza eléctrica de transporte (cintas transporte, ascensores, etc.) o que sirven para lavar las latas antes de ser rellenadas o de carretillas que se encargan de realizar cargas pesadas durante el proceso productivo, debiendo computar a efectos del IAE. Resolución, en criterio reiterado, del Tribunal Económico Administrativo Central, número 00665/2023, de 19 de junio de 2025.
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IAE. Epígrafe de tributación de la comercialización eléctrica antes de la modificación operada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021
Una Sentencia interpretativa del epígrafe de tributación de la actividad de comercialización eléctrica en el epígrafe 151.5 ¿puede ser causa de revocación de las liquidaciones firmes y consentidas? Auto del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 16 de julio de 2025 (Recurso nº 5308/2024). Ponente: Rafael Toledano Cantero.
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APREMIO. Sucesión de la deuda cuando hay aceptación a beneficio de inventario
Los intereses de demora de un aplazamiento o fraccionamiento solicitado por un heredero respecto de la deuda objeto de sucesión que ha aceptado a beneficio de inventario, ¿es deuda hereditaria y, por tanto, limitada por el beneficio de inventario o es una deuda propia no sometida a limitación? Auto del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 16 de julio de 2025 (Recurso nº 5181/2024). Ponente: Rafael Toledano Cantero.
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PROCESAL. Posibilidad de conocer el fondo del asunto en la apelación contra la inadmisión indebida de un recurso contencioso
¿Puede el órgano jurisdiccional en apelación entrar a conocer sobre el fondo del asunto si considera que la resolución de inadmisión del recurso contencioso fue indebida, aun cuando no resulte competente por razón de la cuantía del recurso? Auto del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 16 de julio de 2025 (Recurso nº 4773/2024). Ponente: Rafael Toledano Cantero.
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CALIFICACIÓN URBANÍSTICA. Desconexión entre la realidad y la clasificación catastral del suelo
Un bien inmueble no debe calificarse catastralmente como urbano por estar clasificado como suelo urbano en el planeamiento urbanístico aplicable cuando, a pesar de dicha circunstancia, existen indicios razonables sobre la patente desconexión entre la realidad y la clasificación dada por el planeamiento urbanístico, atendida la existencia de documentos y apreciaciones de la propia entidad local, competente para la gestión urbanística, en el caso concreto. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo, de 30 de junio de 2025 (Recurso nº 4637/2023). Ponente: Isaac Merino Jara.
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NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Efectos de la alegación de que la notificación de la sanción se realice en el despacho profesional del abogado de la persona jurídica
Independientemente del procedimiento tributario, iniciado de oficio o a instancia de parte, y del medio establecido para la comunicación de los actos dictados por la Administración tributaria (notificación electrónica), deberá practicarse la notificación en el domicilio expresamente designado por el interesado, cuando hiciera uso de esa potestad y afecte al derecho de defensa. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo, de 1 de julio de 2025 (Recurso nº 3905/2023). Ponente: Miguel de los Santos Gandarillas Martos.
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IBI. Tipo de gravamen diferenciado del IBI para una modalidad específica no incluida dentro de un uso catastral
¿Cabe regular un tipo de gravamen diferenciado del IBI para el uso denominado "Administraciones Públicas”, cuando dicho uso no figura expresamente entre los usos catastrales? Auto del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 2 de julio de 2025 (Recurso nº 4338/2024). Ponente: Rafael Toledano Cantero
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NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración
Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española sí tienen obligación de relacionarse electrónicamente con la AEAT. Resolución, en criterio reiterado, del Tribunal Económico Administrativo Central, número 00547/2022, de 31 de marzo de 2025.
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COMPROBACIÓN DE VALORES. Valor declarado y valor real (hipotecario)
¿Debe motivar la Administración las razones para comprobar la concordancia entre el valor declarado y el valor real?, ¿El valor hipotecario puede equipararse al valor real?, ¿La propuesta de valoración de la Administración está suficientemente motivada cuando el valor hipotecario adoptado es el contenido en un certificado de tasación, sin que conste informe técnico sobre la valoración del que trae causa dicho certificado? Auto del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 9 de julio de 2025 (Recurso nº 4889/2024). Ponente: Rafael Toledano Cantero.
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PRESCRIPCIÓN. Interrupción de la prescripción del derecho a solicitar la devolución ante segundas solicitudes de rectificación de una autoliquidación
Para que la presentación de una segunda rectificación de la autoliquidación interrumpa la prescripción del derecho a solicitar la devolución, se requiere una identidad objetiva que sólo concurre si ambas solicitudes se refieren al mismo concepto tributario, período y pretensiones. Resolución, en criterio reiterado, del Tribunal Económico Administrativo Central, número 01804/2025, de 31 de marzo de 2025.
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INSPECCIÓN. Día final del cómputo de los intereses de demora de las liquidaciones derivadas de un acta firmada en disconformidad
El día final o dies ad quem del devengo de intereses de demora correspondiente a las liquidaciones que se derivan de un acta suscrita en disconformidad es la fecha del acuerdo de liquidación -dictado dentro del plazo máximo de duración del procedimiento inspector-, debiendo exigirse, por tanto, intereses al obligado hasta esa fecha. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo, de 13 de junio de 2025 (Recurso nº 3858/2023). Ponente: Francisco José Navarro Sanchís.
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PRESCRIPCIÓN. Efectos de la presentación de una autoliquidación complementaria
¿Puede una autoliquidación complementaria desplazar el inicio del cómputo del plazo de prescripción del derecho a solicitar la devolución del exceso ingresado por entenderse que sustituye o rectifica la autoliquidación anterior? Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 3 de julio de 2025 (Recurso nº 4710/2024). Ponente: Rafael Toledano Cantero.
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IAE. Aplicación de la reducción de la cuota por paralización de industrias como causa de revocación y devolución de una liquidación firme
¿Se puede aplicar el régimen de paralización de industrias a los supuestos de paralización de actividad y cierre de establecimiento producidos y declarados durante el estado de alarma permitiendo la revocación de las liquidaciones firmes de IAE y su devolución proporcional al tiempo de cese de la actividad? Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 18 de junio de 2025 (Recurso nº 4942/2024). Ponente: Rafael Toledano Cantero.
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IIVTNU. Revisión liquidaciones impugnadas en vía administrativa tras la STC 182/2021, pero antes de su publicación
¿Son susceptibles de revisión las liquidaciones notificadas antes de la STC 182/2021 e impugnadas en vía administrativa con posterioridad a la misma, pero antes de su publicación y con fundamento en dicha sentencia? Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 18 de junio de 2025 (Recurso nº 4601/2024). Ponente: Rafael Toledano Cantero.
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CADUCIDAD. El TS se ratifica en que la declaración de caducidad de los procedimientos debe ser expresa
La falta de declaración expresa de caducidad de un procedimiento de comprobación limitada, relativo a un determinado concepto y período impositivo, determina la invalidez del inicio de un ulterior procedimiento de inspección por el mismo concepto y periodo. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo, de 16 de junio de 2025 (Recurso nº 688/2022). Ponente: María de la Esperanza Córdoba Castroverde.
