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Sentencias y Resoluciones
NULIDAD. Las autoliquidaciones no son actos administrativos presuntos a los efectos de la aplicación del artículo 217 de la LGT
El TS considera que las autoliquidaciones son actos de colaboración de los obligados tributarios, que pueden ser rectificadas de conformidad con el artículo 120 LGT, sin que quepa considerarlas como administrativos presuntos, y, en consecuencia, no son susceptibles de declaración de nulidad por el procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho del artículo 217 LGT. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2026, Recurso nº 422/2024. Ponente: Isaac Merino Jara
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INSPECCIÓN. Error en la prestación del consentimiento para la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido
El consentimiento para autorizar la entrada debe ser libre, espontáneo e informado. Sin embargo, el anexo facilitado al contribuyente presentaba un contenido ambiguo, pues se centraba en enumerar sus supuestas obligaciones frente a la Inspección, sin mencionar de forma clara sus derechos. En particular, no se informaba expresamente del derecho del contribuyente a negar el acceso al domicilio ni de la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento previamente otorgado. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2026, Recurso nº 8616/2023. Ponente: Francisco José Navarro Sanchís
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PRESCRIPCIÓN. La interposición del recurso contencioso administrativo no interrumpe el plazo de prescripción del derecho a recaudar la deuda tributaria
Los actos de revisión en vía administrativa (reposición y reclamación) interrumpen el plazo de prescripción del derecho a exigir el pago de la deuda liquidada o autoliquidada, en los términos del artículo 68.2.b) LGT. Con la interposición de un recurso contencioso-administrativo no hay interrupción de la prescripción, salvo que el juzgado acuerde la suspensión. En ese caso, si se acuerda la suspensión, como la Administración no puede exigir el pago, se produce la interrupción de la prescripción hasta que se alce dicha suspensión. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2026, Recurso nº 8308/2023. Ponente: Manuel Fernández-Lomana García
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INSPECCIÓN. Cómputo de los intereses de demora en las actas suscritas en disconformidad
El Tribunal Supremo se reafirma en la determinación del dies ad quem o día final del devengo de los intereses de demora en las liquidaciones derivadas de actas suscritas en disconformidad, estableciendo que dichos intereses se devengan hasta la fecha del acuerdo de liquidación, dictado dentro del plazo máximo de duración del procedimiento inspector. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2026, Recurso nº 7772/2023. Ponente: Manuel Fernández-Lomana García
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BENEFICIOS FISCALES. Los partidos políticos no son entidades sin fines lucrativos y también deben pagar el IBI
El TS niega a los partidos políticos la aplicación exenciones previstas para las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo en el IBI, el IAE o el IIVTNU. En aplicación del principio de reserva de ley, la remisión genérica de la Ley de financiación de los partidos políticos a las normas tributarias previstas para las entidades sin fines lucrativos no habilita, por sí misma, la aplicación de tales beneficios fiscales, de lo contrario supondría una extensión analógica, prohibida en materia de exenciones y demás beneficios fiscales. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 19 de marzo de 2026, Recurso nº 8633/2023. Ponente: Maria Dolores Rivera Frade
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IBI. Tipo de gravamen diferenciado según la clase de uso del inmueble
¿Es legal establecer un tipo de gravamen diferenciado del IBI para el uso "almacén-estacionamiento" cuando este no aparece un uso principal, sino como un subuso del uso industrial? Auto del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 5 de marzo de 2026 (Recurso nº 2069/2025). Ponente: Sandra Maria González de Lara Mingo.
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IAE. Tributación en el IAE de las máquinas recreativas tipo “B”
¿Las máquinas multipuesto o multijugador deben computarse como una única máquina o tantas máquinas como terminales o puestos que permiten su utilización simultánea e independiente por dos o más jugadores?. ¿Se está utilizando la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible? Auto del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 11 de marzo de 2026 (Recurso nº 2468/2025). Ponente: Sandra Maria González de Lara Mingo.
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IIVTNU. Prueba del decremento en caso de operaciones de reestructuración empresarial acogidas al régimen de neutralidad fiscal
¿El valor de adquisición que se debe considerar para constatar la inexistencia de incremento de valor del terreno es el valor fijado, como fecha de adquisición, en la fecha de fusión por absorción o el valor que se determinó en la fecha en la que produjo el anterior devengo del IIVTNU? ¿es el valor comprobado por la Administración Tributaria (AEAT) en la referida adquisición de fusión por absorción o, en ningún caso, dicho valor comprobado vincularía a la Administración Local como valor de adquisición? Auto del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 11 de marzo de 2026 (Recurso nº 2447/2025). Ponente: Sandra Maria González de Lara Mingo.
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TASA. El TSJ de Madrid declara la nulidad radical de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de residuos del Ayuntamiento de Madrid por vicios sustanciales en su tramitación
El TSJ anula la Ordenanza Fiscal 8/2024 porque, durante el trámite de información pública, no se publicó íntegramente el anexo metodológico que explicaba cómo se calcularon los residuos asignados a cada actividad y, por tanto, la cuota de la tasa. Sin ese anexo, los ciudadanos no pueden verificar ni cuestionar los datos que sustentan la tasa lo que genera indefensión y constituye un vicio sancionado con la nulidad radical de la Ordenanza. Sentencia 197 del TSJ de Madrid Sección novena de 20 de marzo de 2026 (PO 2452025)
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IIVTNU. Determinación del valor para acreditar la no sujeción cuando un bien rústico pasa a ser urbano en un momento posterior a la adquisición original
¿Qué valor de adquisición debe tomarse, el valor de los terrenos en la fecha de adquisición original, con independencia de que su naturaleza fuera rústica en ese momento, o si, por el contrario, debe atenderse al valor que tuviera el suelo en el momento en que adquirió legalmente la naturaleza urbana, tras su transformación urbanística? Auto del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 5 de marzo de 2026 (Recurso nº 2091/2025). Ponente: Sandra María González de Lara Mingo.
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IIVTNU. Impacto en el Impuesto en caso de ausencia de instrumentos posteriores de desarrollo o ejecución del planeamiento general
¿Qué debe entenderse por "determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada" para considerar el suelo como urbano? ¿qué impacto tiene en la naturaleza del suelo y, por tanto, en la producción del hecho imponible del impuesto? Auto del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 26 de febrero de 2026 (Recurso nº 1550/2025). Ponente: Sandra María González de Lara Mingo
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PLAZOS. ¿Ejecución o retroacción de actuaciones?, naturaleza del plazo
La Resolución del TEA por la que se indica que se ha de ofrecer al responsable la posibilidad de prestar la conformidad a la propuesta de sanción con la consiguiente aplicación de la reducción es un plazo de ejecución, no es un supuesto de retroacción, por lo que el límite temporal que opera es el de 1 mes, previsto en el artículo 66.2 RGRVA. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2026, Recurso nº 7969/2023. Ponente: Miguel de los Santos Gandarillas Martos
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CONCURSO DE ACREEDORES. Alcance de la limitación de la exoneración del pasivo insatisfecho en caso de créditos públicos gestionados por las Entidades Locales
La STS analiza el alcance de la exoneración del pasivo insatisfecho respecto de los créditos públicos tras la reforma operada por la Ley 16/2022, que transpone la Directiva (UE) 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia. El Alto Tribunal considera que los créditos subordinados deben quedar exonerados. Respecto del resto de créditos públicos, independientemente de quien sea el titular del crédito público y de quien gestione su recaudación, ya sea la AEAT o las CCAA o Entidades Locales, les resulta de aplicación las limitaciones del artículo 489.1.5ª del TRLC. Sentencia de la Sala de lo Civil, Sección 1ª, del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2026, Recurso nº 10/2024. Ponente: Núria Auxiliadora Orellana Cano.
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TASA TRANSPORTE ENERGÍA. Determinación de la base imponible e informe técnico económico del art. 25 TRLRHL
El TS se pronunciará sobre si se puede determinar la base imponible de dicho aprovechamiento especial tomando como parámetro el valor del suelo y el valor de las construcciones y si puede considerarse motivado el informe técnico económico cuando se utiliza un coeficiente de graduación del 50% que no aparece justificado. Auto del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 18 de febrero de 2026 (Recurso nº 2429/2025). Ponente: Sandra María González de Lara Mingo.
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APREMIO. La solicitud de compensación en el plazo de ingreso en voluntaria abierto tras la denegación del aplazamiento de la deuda no impide el inicio del periodo ejecutivo
La Administración puede dictar Providencia de apremio, aunque penda una solicitud de compensación realizada con el plazo de ingreso en periodo voluntario otorgado tras la denegación del aplazamiento de la deuda tributaria. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central nº 00605/2023, de 29 de enero de 2026.
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APREMIO. La Administración debe agotar la vía de la responsabilidad solidaria cuando concurran indicios claros de su existencia
En aplicación de la doctrina jurisprudencial del TS (STS de 5/11/2025), la Administración no tiene la potestad de elegir a quién derivar la responsabilidad, más aún en un supuesto de responsabilidad subsidiaria del artículo 43.1.a) de la LGT que tiene carácter sancionador, por lo que deberá fundamentar su decisión. Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central nº 06589/2022, de 29 de enero de 2026.
